El 10 de febrero de 1912 el Congreso Nacional sancionó la ley 8.871, que empezaría a conocerse como la "Ley Sáenz Peña", que estableció el voto secreto, obligatorio y universal.
Si bien la ley no era tan universal, porque seguía siendo exclusiva para nativos argentinos y naturalizados masculinos y mayores a 18 años, vino a poner fin al fraude y al soborno que perpetuaba en el poder al régimen oligárquico que comenzó en 1880.
Por su parte, las mujeres debieron esperar 39 años hasta la sanción de la Ley 14.032, de junio de 1951 de la mano de Eva Perón, que con el sufragio femenino comenzó a equilibrar la balanza.
Antes de la ley Saénz Peña, los días de elecciones, los gobernantes de turno hacían valer las libretas de los muertos, compraban votos, quemaban urnas y falsificaban padrones.
La primera aplicación de la ley Sáenz Peña fue en abril de 1912 en Santa Fe y Buenos Aires, y luego permitió que accediera al poder en 1916 el candidato por la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen.
La primera ley electoral había sido sancionada en 1821 en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Martín Rodríguez, por el impulso de su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia, y establecía el "sufragio universal masculino y voluntario para todos los hombres libres de la provincia" y limitaba exclusivamente la posibilidad de ser electo para cualquier cargo a quienes fueran propietarios.Sin embargo, esta ley tuvo un alcance limitado, porque la mayoría de la población ni siquiera se enteraba de que se desarrollaban comicios.
El 12 de octubre de 1910 Saénz Peña asumió el nuevo gobierno y envió al parlamento el proyecto de "Ley de Sufragio" que establecía la confección de un nuevo padrón basado en los listados de enrolamiento militar, y el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos varones mayores de 18 años.
La aprobación de esta ley fue un avance hacia la democracia participativa en la Argentina y la posibilidad de expresión de las fuerzas políticas opositoras.
Luego de más de cien años, la Argentina encaró un nuevo régimen electoral impulsado por el gobierno nacional, que estableció las internas abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos que luego participarán en los comicios generales.
Además de instaurar un sistema de elecciones internas, la ley prohíbe el aporte financiero de empresas en las campañas y la propaganda privada en los medios audiovisuales, y fija restricciones para la difusión de encuestas de intención de voto, entre otras cosas.
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